Opiniones
Canciller polaco responde a Bruno Rodríguez: El pueblo cubano merece libertad y democracia
“El Premio Solidaridad Lech Wałęsa fue presentado por mí y por el secretario de Estado, Marco Rubio, pero lo financia Polonia, no Estados Unidos. Honra a quienes luchan pacíficamente por la libertad y la democracia. El pueblo de Cuba también lo merece”, escribió el canciller polaco.
El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia y viceprimer ministro, Radosław Sikorski, respondió este miércoles al canciller cubano Bruno Rodríguez tras los ataques del funcionario del régimen contra la entrega del Premio Solidaridad Lech Wałęsa.
Rodríguez había acusado en X a Estados Unidos de "recompensar a quienes subvierten el orden constitucional de Cuba" y de "lucrar con el dinero de los contribuyentes estadounidenses" luego de que este martes le fuera otorgado el galardón a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.
Sikorski rechazó esas afirmaciones y aclaró que el premio es financiado por Polonia, no por Washington.
“El Premio Solidaridad Lech Wałęsa fue presentado por mí y por el secretario de Estado, Marco Rubio, pero lo financia Polonia, no Estados Unidos. Honra a quienes luchan pacíficamente por la libertad y la democracia. El pueblo de Cuba también lo merece”, escribió el canciller polaco.
El intercambio se produce en medio de un clima de creciente presión internacional contra el régimen de La Habana por violaciones de derechos humanos, represión contra la disidencia y vínculos con aliados autoritarios como Rusia, Irán y Venezuela.
El Premio Solidaridad Lech Wałęsa reconoce a líderes y movimientos democráticos en el mundo. Está presidido por el expresidente polaco y Nobel de la Paz, Lech Wałęsa, símbolo de la resistencia al comunismo en Europa del Este.
Sikorski dejó claro en su tuit que Varsovia busca enviar un mensaje de apoyo a quienes dentro y fuera de Cuba luchan por la libertad, y que no aceptará la narrativa del régimen sobre supuesta injerencia estadounidense.
Nuevos poderes a agentes de Inmigración de EEUU ¿qué facultades tienen ahora?
USCIS ahora contará con agentes especiales autorizados a investigar violaciones civiles y penales de las leyes migratorias, realizar arrestos, portar armas de fuego y ejecutar órdenes de registro, entre otras capacidades.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) amplió las potestades de sus agentes especiales para que puedan investigar, arrestar, y presentar cargos a quienes infrinjan las leyes de inmigración estadounidenses, informó este jueves esa agencia federal en un comunicado.
En lo adelante, los agentes de USCIS podrán llevar a cabo arrestos, portar armas de fuego, ejecutar órdenes de cateo y detenciones, y otras facultades que tienen las fuerzas de aplicación de la ley federal.
Esta regla permite a USCIS implementar ciertos poderes de aplicación de la ley delegados a la agencia por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
“Este momento histórico nos permitirá abordar mejor los delitos migratorios, responsabilizará a quienes cometen fraudes de inmigración y actuará como un multiplicador de fuerzas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en colaboración con agencias del orden público encargadas de hacer cumplir la ley federal, incluyendo las Fuerzas Conjuntas contra el Terrorismo.”, declaró el director de USCIS Joseph B. Edlow.
Con esta medida el director de USCIS tiene la autoridad para ordenar la remoción expedita e investigar violaciones civiles y penales de las leyes de inmigración dentro de la jurisdicción de su agencia y de esta forma acelerar el procesamiento y la deportación de quienes violan las leyes migratorias de EEUU.
"USCIS tendrá mayor capacidad para apoyar las iniciativas de DHS al gestionar las investigaciones de principio a fin, en lugar de referir ciertos casos a la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Esto permitirá que ICE, HSI y ERO se concentren en combatir la delincuencia transnacional y capturar y deportar a inmigrantes indocumentados", indica la información oficial.
En su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha implementado una serie de medidas para combatir la escalada de la inmigración ilegal en los Estados Unidos.
168 acciones represivas en Cuba durante el mes de agosto
Entre las violaciones documentadas figuran sitios de viviendas de activistas, amenazas, citaciones policiales y restricciones de movimiento. El OCDH señaló que 56 denuncias provinieron de presos políticos, presos comunes y familiares.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) dijo este jueves que en agosto registraron al menos 168 acciones represivas contra la población civil, incluidas 13 detenciones arbitrarias y 155 incidentes de hostigamiento y abusos.
“Se mantuvo un clima represivo”, declaró a Martí Noticias Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH. Con la cifra de agosto, se eleva a 2.250 el total de acciones represivas en lo que va de 2025.
Entre las violaciones documentadas figuran sitios de viviendas de activistas, amenazas, citaciones policiales y restricciones de movimiento. El OCDH señaló que 56 denuncias provinieron de presos políticos, presos comunes y familiares.
Entre los detenidos en agosto estuvo la activista Yamilka Lafita, quien permaneció tres horas en un auto policial en La Habana antes de ser increpada por un oficial de la Seguridad del Estado.
También fueron arrestados el periodista independiente Reynaldo Escobar, retenido casi dos horas en una unidad policial, y Adriano Castañeda, coordinador del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), detenido en Sancti Spíritus el 20 de agosto para impedirle asistir a un juicio contra un preso político.
La ONG reportó además que varias figuras opositoras fueron sitiadas en sus viviendas, entre ellas el médico opositor Oscar Elías Biscet, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el activista Manuel Cuesta Morúa.
La Habana y Camagüey concentraron la mayoría de los incidentes.
Cires explicó a nuestra redacción que el arresto de activistas como Lafita o Escobar muestra cómo las fuerzas de seguridad limitan “el derecho a la libre circulación o reunirse o asistir a algún evento”.
Cires también denunció que opositores como Cuesta Morúa enfrentaron restricciones adicionales en telefonía e internet. “Es evidente que, teniendo en cuenta las novedades que están ocurriendo en la región en los próximos meses, el régimen cubano y sus fuerzas represivas aumenten los mecanismos de vigilancia, control y represión contra activistas y opositores dentro de la isla”, advirtió
Cubanos denuncian fallos persistentes en servicios de Etecsa: "Internet va camino del colapso también"
El opositor Manuel Cuesta Morúa, quien denunció estar sin servicio desde el 2 de julio, sostuvo que la empresa le había explicado que la falta de un chip impedía restituirle la línea. “Ese es el pretexto", comentó.
Cubanos reportan fallas constantes en los servicios de telefonía e internet móvil, pese a los altos precios del servicio impuestos por la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).
“No tengo comunicación, no puedo, no tengo servicio de internet”, dijo Berta Soler, líder del movimiento opositor Damas de Blanco, en declaraciones a Martí Noticias.
En Holguín, Mailin Rodríguez aseguró que sus reclamos ante las oficinas del monopolio de las comunicaciones no han tenido resultado. “Nunca dan respuesta… ya estoy cansada de dar queja del mal servicio que hay y es por gusto. A veces también se caen las llamadas, igual que la cobertura normal de teléfono fijo”, señaló.
Desde el poblado de Anafe, en Bauta, una residente relató que la conexión es tan inestable que a veces mejora durante los apagones. “Muy difícil la conexión, hay que ir buscando puntos… es absurdo, pero hay veces que sin electricidad tenemos mejor conexión”, dijo.
Una empleada de atención al cliente de Etecsa, que pidió no ser identificada, atribuyó las fallas a la crisis energética que atraviesa el país. “Nosotros no estamos exentos a los problemas energéticos que de forma directa también afectan nuestra conectividad”, afirmó.
Según dijo, la empresa trabaja en la instalación de gabinetes de respaldo “a pasos lentos” y recomendó a los usuarios acudir a oficinas comerciales para tramitar quejas.
El opositor Manuel Cuesta Morúa, quien denunció estar sin servicio desde el 2 de julio, sostuvo que la empresa le había explicado que la falta de un chip impedía restituirle la línea. “Ese es el pretexto. Podrían restaurarme el Nauta-Hogar y eso no ha ocurrido”, declaró.
Cuesta Morúa acusó a la compañía de aplicar prácticas deliberadas contra los clientes. “Ellos tienen una matriz para dañar el servicio y afectar la comunicación de los usuarios, unas deliberadas y otras que tienen que ver con la propia parrilla tecnológica del país, que prácticamente está colapsada. El internet va camino del colapso también”, advirtió.
Se agravan violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Maduro
La crisis de derechos humanos en Venezuela ha alcanzado un nuevo nivel de deterioro, según el Informe de Derechos Humanos 2024 del Departamento de Estado de EE. UU. y la ONU. Desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, el régimen de Maduro ha sido señalado por cometer graves abusos.
A continuación, reproducimos un editorial que refleja la opinión del Gobierno de Estados Unidos, y que fue publicado originalmente con el título The Maduro Regime Continues to Violate Human Rights.
La situación de los derechos humanos en Venezuela empeoró significativamente durante el último año, según el Informe de Derechos Humanos 2024 del Departamento de Estado, publicado recientemente.
En particular, tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, Nicolás Maduro y sus representantes cometieron graves abusos contra los derechos humanos, marcando un nuevo hito en la degradación del Estado de derecho, según la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela.
Entre los abusos significativos contra los derechos humanos se incluyen denuncias fidedignas de ejecuciones arbitrarias o ilícitas; desapariciones; tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; arrestos o detenciones arbitrarias; represión transnacional contra personas en otro país; reclutamiento o utilización ilegal de niños por grupos apoyados por Maduro en conflictos armados; graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa; y trata de personas, incluido el trabajo forzoso, entre otros.
No se tomaron medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos.
La ley garantiza la libertad de expresión, pero esta se vio significativamente restringida debido a las leyes que regulan la difamación, la calumnia y el contenido mediático; el acoso legal, la intimidación física de personas y medios de comunicación; y la influencia indebida de Maduro sobre el poder judicial.
Líderes nacionales y estatales pro-Maduro, así como otras figuras, acosaron e intimidaron a canales de televisión, medios de comunicación y periodistas, tanto privados como de la oposición democrática, mediante amenazas, confiscaciones de bienes, investigaciones administrativas y penales, y procesos judiciales.
La organización no gubernamental Espacio Público registró 98 casos de abusos a la libertad de expresión en los meses previos a las elecciones presidenciales de julio de 2024, la mayor cantidad registrada desde que comenzó a recopilar datos en 2009.
La prisión preventiva prolongada sigue siendo un problema importante en Venezuela. Debido al hacinamiento en las cárceles, muchas comisarías de policía se utilizaron como celdas improvisadas. Las largas demoras en los procedimientos judiciales y los traslados penitenciarios provocaron que algunos presos permanecieran recluidos en estas instalaciones durante años.
Hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad afines a Maduro torturaban y maltrataban regularmente a los detenidos. En las cárceles, las mujeres eran objeto de violencia sexual, abusos y tortura, y con frecuencia eran obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de comida o agua.
Durante más de una década, Maduro ha liderado el Cártel de los Soles, responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al Cártel de los Soles como un grupo Terrorista Global Especialmente Designado. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro.
“El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel narcotráfico”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una reciente sesión informativa. “Maduro no es un presidente legítimo; es un fugitivo de este cártel de la droga”.
1.500 pesos al mes y cuatro hijos: El drama de una madre cubana para comprar los zapatos de la escuela
Yordania Pérez Quevedo, madre soltera de cuatro hijos, ilustra el drama cotidiano de muchas familias cubanas, al no poder enviar a dos de sus hijos a la escuela por falta de calzado, mientras enfrenta amenazas legales y una ayuda estatal insuficiente.
La escasez y altos precios de los suplementos escolares, los cortes eléctricos constantes, la falta de maestros y el deterioro de las infraestructuras educativas, complican el desarrollo del curso escolar en Cuba.
Para los padres, garantizar la educación de sus hijos en medio de la profunda crisis económica que afecta el acceso a uniformes, zapatos y útiles escolares, se trata de una tarea engorrosa que han reconocido las propias autoridades.
Pero para algunos, la tarea se torna imposible de realizar como es el caso de Yordania Pérez Quevedo, una madre soltera de cuatro hijos, dos de los cuales, de 11 y 9 años, no acuden a la escuela porque no tienen calzado.
La falta de acceso a zapatos y otros útiles escolares marca una profunda desigualdad social, especialmente en comunidades marginadas, afectando el derecho a la educación de los niños que perciben las carencias materiales e impacta en su motivación escolar.
“En estos momentos, los niños míos no tienen zapatos de ningún tipo, el uniforme ya se lo dieron porque yo reclamé. Fui al gobierno provincial, al Ministerio de Trabajo, a Educación”, dijo a Martí Noticias, la mujer, residente en San José de las Lajas, la capital de la provincia Mayabeque.
En las oficinas del sector de Educación, un oficial del Ministerio del Interior, MININT, que atiende los casos de menores con problemas de conducta, la conminó a garantizar que sus hijos fueran a la escuela.
“Me dijo que ellos tienen papá, como que el papá tiene que comprar los zapatos. Le digo sí, pero el papá cobra 1.000 pesos y me da 500 que no alcanzan para un par de zapatos”.
El costo de unos zapatos para niños en Cuba varía, pero en las redes sociales se ven precios que oscilan entre los 3,800 y 15,000 CUP en el último trimestre de 2025, según el tipo, marca y si son nuevos o de uso.
Los funcionarios del sector de Educación la han amenazado con procesarla por “atentar contra el normal desarrollo del menor”, un concepto que agrupa leyes que sancionan cualquier acto que perjudique el crecimiento de niños y adolescentes, incluyendo lo que califican como “negligencia parental”.
“A mí me pagan una chequera de 1.500 pesos que no alcanza para nada. Yo me quedé sin ropa, sin nada vendiéndolo todo para poder mantener a mis hijos, pero es que ya no tengo que vender”, lamentó.
Yordania trabajaba para el Estado, pero una histerectomía debido a un cáncer, unida a una hepatitis B crónica, la obligaron a abandonar su vida laboral y a acogerse al programa social que, supuestamente, brinda apoyo a madres con tres o más hijos, incluyendo beneficios de empleo, subsidios y acceso a vivienda con el objetivo de estimular la natalidad.
“Me están pagando 1.500 pesos para cuatro niños, por caso social. Mira a ver que puedo comprar con esa cantidad de dinero. Mis hijos hoy no desayunaron. El papá me mandó unos frijoles y un arroz y ahora estoy cocinándoselos para que coman”.
Foro